1José Ángel Santiago Ábrego, Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C.
Rendir cuentas ante la Asamblea Ordinaria de Asociados 2025 representa un ejercicio fundamental de responsabilidad institucional y forma parte del balance anual ANADE. Durante los primeros once meses de esta Presidencia, las decisiones adoptadas se han guiado por un principio claro: conducir a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en consciencia, actuando siempre en el mejor interés de la abogacía de empresa y del país.
Ese compromiso, asumido desde el discurso de toma de protesta, ha implicado tomar decisiones sin responder a presiones internas o externas, incluso cuando ello ha supuesto asumir costos. Esta lógica ha orientado cada determinación adoptada desde la Presidencia, priorizando la integridad institucional por encima de coyunturas o expectativas externas.
Responsabilidad institucional y toma de decisiones en el balance anual de ANADE
Conducir una institución en consciencia es asumir decisiones, incluso cuando tienen costo.
Un ejemplo claro de este enfoque fue la postura adoptada frente a las campañas para cargos judiciales por elección popular. En ese contexto, se recibieron solicitudes para habilitar espacios de proselitismo, bajo el argumento de no perder la oportunidad de conocer propuestas o establecer contacto con quienes eventualmente integrarían la judicatura. También se advirtió el riesgo de quedar rezagados frente a otras organizaciones.
Sin embargo, antes de abrir cualquier foro o debate, se optó por iniciar un diálogo formal con el regulador. El resultado fue la confirmación de criterios altamente restrictivos, que imponían cargas de imposible cumplimiento y riesgos de sanción, incluso por la sola difusión de invitaciones a actividades académicas. A la luz de ello, la decisión de no generar espacios durante campañas protegió al Colegio y mantuvo su integridad institucional.
Educación jurídica, pro bono e incidencia pública como ejes del balance anual de ANADE
En materia de educación continua, partimos de la premisa de que el país atraviesa un proceso profundo de reestructura del ordenamiento jurídico, lo que exige mayor análisis, coherencia dogmática y formación especializada. En este rubro, durante el periodo reportado se llevaron a cabo más de 340 eventos académicos a nivel nacional, prácticamente uno por día, con más de 20,500 registros y la participación de más de 890 expositores.
Este esfuerzo incluyó eventos impulsados desde el Consejo Directivo Nacional, así como diplomados de larga duración y congresos nacionales en materias fiscal, laboral, trinacional y automotriz. El redoblamiento del esfuerzo académico ha sido tangible y consistente a lo largo del año.
La formación jurídica es la respuesta frente a un orden normativo en transformación.
Otro eje prioritario ha sido el fortalecimiento de los mecanismos de acceso universal a servicios legales pro bono. En un entorno de cambio normativo, la incertidumbre impacta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, que con frecuencia carecen de recursos para navegar el nuevo entramado legal. Por ello, se han materializado convenios de colaboración para canalizar requerimientos de servicios pro bono a los asociados, fortaleciendo el cumplimiento de la función social de la abogacía.
Este esfuerzo se acompaña de una decisión estructural adoptada por el Consejo Directivo Nacional: el incremento progresivo de las horas pro bono necesarias para obtener la certificación ANADE, alineándose con estándares internacionales.
En el ámbito de la incidencia pública, ANADE ha asumido un rol activo y técnico en los procesos de discusión normativa. Hemos participado en foros y mesas de trabajo convocadas por autoridades legislativas y tomadores de decisión para analizar reformas en telecomunicaciones, competencia económica, seguridad, paquete fiscal, Ley General de Aguas y la revisión del TMEC.
Asimismo, el Presidente de la ANADE acudió personalmente al Senado de la República y a la Cámara de Diputados para exponer las preocupaciones del Colegio en torno a la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo.
De manera paralela, se ha consolidado una participación activa en el ámbito jurisdiccional mediante la presentación de amicus curiae en asuntos constitucionales relevantes para el derecho de empresa. Este rol activo en tribunales se ha convertido en una vía institucional para contribuir al correcto funcionamiento del derecho y a la defensa de principios fundamentales.
La responsabilidad institucional no se proclama: se ejerce.
Un punto central del informe fue la decisión de judicializar la restricción al privilegio abogado-cliente para abogados internos de empresa. Desde ANADE, durante el proceso legislativo se sostuvo que dicha restricción afecta el ejercicio profesional, debilita el compliance empresarial y desnaturaliza la función del abogado interno. Ante la falta de atención a estos argumentos, el Colegio decidió acudir a los tribunales, acción que ha recibido el respaldo de otros colegios de abogados.
Finalmente, se informó que en 2026 ANADE estrenará nuevas oficinas, proyecto ya formalizado y cuya comunicación oficial se realizará por los canales institucionales.
Seguiremos trabajando tanto en los grandes temas nacionales como en las tareas ordinarias del Colegio, con profesionalismo, convicción y sentido de responsabilidad.
