Abogacía y solidaridad: el compromiso social de la profesión jurídica

Por Consuelo Visoso Lomelín, segunda vicepresidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE)

Hay profesiones cuyo valor se mide por el éxito de quienes las ejercen. Hay otras cuya verdadera relevancia se pone a prueba cuando se observa a quiénes dejan fuera. La abogacía pertenece a esta segunda categoría.

Hace unos días tuve la oportunidad de moderar un diálogo entre Ricardo Cervantes, expresidente de la ANADE, y José Mario de la Garza, expresidente de la Barra Mexicana de Abogados, sobre el papel transformador del trabajo jurídico pro bono. La conversación, organizada desde el Comité Pro Bono de la ANADE, abordó definiciones, experiencias y desafíos prácticos. Sin embargo, lo más importante no estuvo necesariamente en las respuestas, sino en la pregunta que apareció una y otra vez detrás de ellas.

Una pregunta incómoda, pero necesaria, para quienes ejercemos el Derecho en México:

¿Estamos cumpliendo con lo que México necesita de nosotros?

El privilegio que obliga

La brecha en el acceso a la justicia en México es evidente. Por un lado, los abogados  y abogadas de los principales colegios del país gozamos de una buena posición gracias a nuestra educación y experiencia en entornos de alto nivel. Por el otro, millones de ciudadanos navegan el sistema a ciegas, perdiendo prerrogativas por falta de asesoría. Entre ellos ynosotros hay una asimetría cultural, de lenguaje y de confianza acumulada durante generaciones. Reconocer esta disparidad es el primer paso para que el gremio asuma el compromiso de hacer la justicia más accesible y comprensible para todos. Y esa desconexión no se cerrará con buenas intenciones, sino con trabajo conjunto, cercanía y una convicción compartida de que el conocimiento jurídico debe convertirse en una herramienta al servicio de quienes más lo necesitan.

En este sentido, la práctica pro bono no puede verse como una labor opcional o un simple trámite de acreditación; representa un deber ético fundamental. Es un pilar del ejercicio responsable de la abogacía, tan indispensable como la actualización profesional y la integridad ante el cliente. No es una tarea secundaria para los tiempos libres, sino la esencia misma de nuestra identidad profesional.

Lo que hacemos y lo que no

Pero, antes de hablar de compromiso, hay que hablar de definición. Ricardo Cervantes lo explicó con precisión: el pro bono es asesoría o representación jurídica gratuita, sin contraprestación directa ni indirecta, dirigida a personas en situación de vulnerabilidad, a organizaciones de la sociedad civil que las sirven, o a causas de interés público. No es hacer un donativo, no es participar en un patronato, no es asesorar a un amigo sin cobrarle. La distinción importa porque lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide difícilmente puede transformarse en una política gremial sostenida.

Los estándares pro bono que hoy existen en México fueron construidos por mujeres abogadas apasionadas con el tema, tomando como base la Declaración de Madrid sobre responsabilidad social de la abogacía, y son un punto de partida sólido. Como todo documento vivo, deberán actualizarse, ya que la inteligencia artificial, por ejemplo, plantea preguntas que nadie anticipó cuando se redactaron.

La distancia que nos separa de quienes más nos necesitan

José Mario de la Garza dijo algo que me quedó resonando: "Yo aquí sentado no consigo un solo asunto pro bono." Y tiene razón. Nadie va a tocarle la puerta a un gran despacho desde una comunidad indígena de Oaxaca. Nadie va a llegar a una notaría a pedir que le hagan un testamento nada más porque sí. La necesidad jurídica existe.  Es enorme, urgente y de todos los tipos y materias, pero está en otras latitudes, físicas y sociales, a veces muy alejadas de donde operamos.

Eso me lleva a una de las reflexiones más importantes de la tarde: necesitamos estructuras intermediarias. Mecanismos que conecten la demanda con la oferta. José Mario de la Garza lo resolvió creando Perteneces, una organización que va a los penales, dialoga con comunidades, hace pedagogía jurídica — y lleva los asuntos hasta quienes pueden resolverlos. En lo que va de 2025, 55 personas salieron de la cárcel gracias a ese trabajo. No porque los abogados no quisieran ayudar, sino porque alguien construyó el puente.

Nosotros en ANADE hemos tenido experiencias similares, como fue el caso de la constitución de una cooperativa de pescadores en la laguna de Tamaulipas, coordinada a través de Coparmex, con la participación de varios integrantes de la ANADE y un notario local. Más de cien cooperativistas fueron a firmar. Con eso, pudieron acceder a recursos públicos que no alcanzaban antes. Un granito de arena que, multiplicado, cambia vidas.

Lo que las organizaciones de la sociedad civil necesitan de nosotros

Uno de los malentendidos más frecuentes sobre el trabajo pro bono es pensar que pertenece exclusivamente al mundo del litigio. La realidad es mucho más amplia. El fiscalista tiene tanto que aportar como el litigante, el corporativista tanto como el notario. Cada especialidad jurídica posee herramientas capaces de generar un impacto social profundo cuando se ponen al servicio de quienes más las necesitan.

Quizá uno de los espacios donde esa contribución resulta más evidente es el de las organizaciones de la sociedad civil. Son instituciones que todos los días atienden necesidades que el Estado no alcanza a cubrir y que, para cumplir su misión, requieren mucho más que buena voluntad. Necesitan asesoría jurídica especializada, continua y de alto nivel. No solo para constituirse, sino para operar, crecer y sobrevivir en un entorno regulatorio cada vez más complejo. Requieren apoyo en materia laboral, propiedad intelectual, cumplimiento de la legislación antilavado, gobierno corporativo y transparencia. Un error mínimo, un trámite omitido o una obligación incumplida puede costarles la deducibilidad y, con ella, una parte fundamental de los recursos que sostienen su trabajo.

El momento de construir una narrativa común

No se puede hablar de pro bono en 2025 sin hablar del contexto. La narrativa en contra de la abogacía, de los notarios, de los despachos corporativos, del Poder Judicial — no es nueva, pero se ha endurecido. Y creo, con toda convicción, que nuestra mejor defensa no es la declaración pública ni el posicionamiento mediático, sino el trabajo. Es poder decir, con hechos: aquí estamos, aquí hemos estado, esto hemos hecho por México.

Durante el diálogo coincidimos en que los esfuerzos existen, pero están fragmentados. Hay abogados haciendo trabajo pro bono valioso, hay colegios con comités activos, hay organizaciones intermediarias como Appleseed o ACNUR que conectan casos con abogados. Lo que falta es la articulación, el proyecto insigne que convoque a los tres colegios, que dé coherencia a los esfuerzos individuales y que permita construir una narrativa gremial con arraigo social.

Esta no es una discusión menor ya que la abogacía en México atraviesa un momento de erosión pública que no podemos ignorar. Si no somos capaces de mostrar, con hechos concretos, que nuestra profesión está comprometida con la solución de los problemas del país, la narrativa la construirán otros. El pro bono estratégico, aquel que no solo atiende un caso sino que cambia una política pública, es también una forma de defender la profesión desde la trinchera social, que es donde más falta hace.

Asimismo, comunicarlo importa. No desde la vanidad, sino desde la convicción de que el ejemplo contagia, y que los clientes, los jóvenes abogados y la sociedad en general merecen saber que quienes estudian y ejercen el Derecho en México no lo hacen de espaldas al país. De aquí salió un compromiso que no pienso dejar en la bandeja de pendientes: sumarnos ANADE, INCAM y BMA en torno a proyectos concretos, replicables y medibles, con el Consejo General de la Abogacía Mexicana (CGAM) como posible plataforma de convergencia.

La pregunta sigue abierta

La pregunta con la que inicié sigue abierta: ¿estamos cumpliendo con lo que México necesita de nosotros? Quizá la respuesta todavía no sea la que nos gustaría escuchar. Sin embargo, también es cierto que existen ejemplos, proyectos y personas que demuestran que otra forma de ejercer el Derecho es posible. Una abogacía más cercana, más solidaria y más comprometida con los problemas del país.

El desafío ahora es pasar de los esfuerzos aislados a una visión compartida porque cuando el conocimiento jurídico se pone al servicio del interés público, no solo se transforman vidas individuales; también se fortalece la confianza en las instituciones y en la propia profesión. Y en un momento en que la legitimidad de la abogacía enfrenta cuestionamientos crecientes, quizá no haya mejor manera de reivindicar su valor que demostrando, con hechos, que el Derecho también puede ser una herramienta de inclusión, dignidad y justicia.

¿Prefieres escuchar? Reproduce el podcast de este episodio y acompáñanos en esta conversación sobre los temas que impulsan el futuro de los negocios.