Con 60 procedimientos activos y 97 cuotas compensatorias vigentes, la autoridad que defiende a la industria mexicana de las prácticas desleales enfrentaría en 2027 un recorte cercano al 40 %, justo en plena revisión del T-MEC.
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El comercio internacional atraviesa una etapa de transformación. Las tensiones comerciales, la reconfiguración de las cadenas de suministro, políticas industriales más activas y un uso creciente de instrumentos de defensa comercial han modificado el entorno en el que compiten las empresas. Para México, una economía profundamente integrada a los mercados internacionales, este escenario vuelve especialmente relevante contar con instituciones capaces de responder de manera oportuna frente a prácticas que distorsionan las condiciones de competencia.
En ese contexto, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía desempeña una función que va mucho más allá de la conducción de procedimientos administrativos. Es uno de los instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano para preservar condiciones de competencia leal y ofrecer a la planta productiva nacional una vía institucional para responder frente a importaciones realizadas en condiciones de dumping o beneficiadas por subsidios que alteran las condiciones del mercado.
Una función que no es marginal
La dimensión de esa tarea puede observarse en la actividad que actualmente atiende la autoridad. Al mes de agosto de 2026, la Secretaría de Economía mantenía 60 procedimientos activos en materia de prácticas desleales de comercio internacional. No se trata, por tanto, de una función marginal. Los fenómenos que analiza pueden tener efectos sobre la producción, el empleo, la inversión y la permanencia de sectores productivos, mientras que la existencia de mecanismos efectivos de defensa comercial aporta certidumbre y previsibilidad a las decisiones de inversión y producción.
Otro dato que permite dimensionar la presencia que han adquirido estos procedimientos: al cierre de agosto existían 97 cuotas compensatorias vigentes, aplicables a 63 productos originarios de 22 países. Casi la mitad corresponde a mercancías originarias de China.
La experiencia mexicana en esta materia tampoco es reciente. Desde 1987 se han iniciado más de 400 investigaciones, principalmente por prácticas de dumping, aunque también existen procedimientos en materia de subvenciones y salvaguardias. Las investigaciones han comprendido importaciones provenientes de decenas de países y han involucrado sectores diversos, con una presencia destacada de las industrias metálicas básicas y sus manufacturas, así como de productos químicos, derivados del petróleo, caucho y plásticos.

Flujos comerciales que no se quedan quietos
Sin embargo, uno de los principales desafíos de la defensa comercial contemporánea es que los flujos internacionales no permanecen estáticos.
Durante 2026 se ha registrado un incremento en investigaciones relacionadas con productos originarios de países asiáticos como Vietnam, Malasia e Indonesia, lo que refleja la evolución de los orígenes y flujos involucrados en los procedimientos de defensa comercial.
Cuando se adoptan medidas respecto de determinado origen, pueden producirse cambios en los patrones de importación, desplazamientos hacia terceros países o modificaciones en las cadenas de abastecimiento. Esos cambios no representan por sí mismos una irregularidad. Sí ponen de manifiesto, sin embargo, la necesidad de contar con capacidad técnica para analizar la evolución de los flujos comerciales y, cuando existan elementos suficientes, atender posibles fenómenos de desvío de comercio, migración de prácticas desleales, elusión o triangulación.
Esta realidad añade complejidad a la labor de la autoridad investigadora. Los procedimientos en materia de defensa comercial se desarrollan en un entorno dinámico, en el que los orígenes, los patrones de importación y las cadenas de abastecimiento pueden modificarse con el tiempo. Por ello, la evolución del comercio internacional exige preservar la capacidad técnica e institucional necesaria para responder, a través de los instrumentos correspondientes, a esas nuevas circunstancias.
Los orígenes, los patrones de importación y las cadenas de abastecimiento pueden modificarse con el tiempo.
Asistencia internacional y la región de América del Norte
La UPCI también desarrolla funciones de asistencia internacional, mediante las cuales apoya a exportadores mexicanos que enfrentan investigaciones de remedios comerciales en otros países. Esta labor comprende asimismo la participación en procedimientos antisubvenciones en los que pueden ser cuestionados programas o apoyos otorgados por el gobierno mexicano. En diversos casos recientes, la intervención del área de Asistencia Internacional ha contribuido a la atención de este tipo de procedimientos.
Esta función adquiere particular relevancia en el contexto de América del Norte. México forma parte de una de las regiones productivas más integradas del mundo, por lo que resulta importante contar con capacidad institucional para responder tanto frente a distorsiones comerciales en el mercado nacional como ante investigaciones iniciadas en el extranjero contra exportadores mexicanos.
Una autoridad investigadora sólida contribuye también a que México cuente con herramientas frente a la posible reorientación de mercancías sujetas a medidas de remedio comercial en otros mercados y frente a flujos que puedan afectar la integridad de las cadenas regionales de producción. Al mismo tiempo, la aplicación técnica, objetiva y consistente de estos instrumentos constituye un elemento de credibilidad e interlocución frente a otras autoridades investigadoras y gobiernos.
Este fortalecimiento adquiere especial relevancia en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La profundidad de la integración productiva de América del Norte hace necesario contar con instituciones capaces de aplicar de manera técnica, objetiva y consistente los instrumentos de defensa comercial y de responder a los retos que plantea un entorno comercial en evolución. En este contexto, preservar y fortalecer la capacidad institucional de la UPCI constituye un elemento relevante para el sistema mexicano de defensa comercial y para la interlocución de México con sus principales socios comerciales.
Un presupuesto que va en sentido contrario
Es frente a esta amplitud de funciones donde la evolución de los recursos destinados a la UPCI cobra especial relevancia.
De acuerdo con el análisis presupuestario disponible, el presupuesto previsto para la Unidad en 2027 sería cerca de 40 % menor al aprobado para 2026. La reducción sería todavía más marcada en servicios personales, donde se aproxima a 60 %, mientras que los recursos destinados a servicios generales permanecerían prácticamente estables.
El contraste es relevante. La reducción proyectada coincide con una elevada carga sustantiva de trabajo y con procedimientos que se desarrollan en un entorno comercial cada vez más complejo. La Unidad atiende decenas de procedimientos activos, administra un universo significativo de medidas vigentes, analiza mercancías de múltiples sectores y orígenes y, además, desarrolla funciones de asistencia internacional.
Al mismo tiempo, los ingresos federales estimados por concepto de cuotas compensatorias muestran un crecimiento significativo entre 2024 y 2026, al pasar de 182.7 millones de pesos a 1,807.2 millones de pesos. Esta evolución constituye otro elemento para dimensionar la importancia que han adquirido los instrumentos de defensa comercial en el contexto actual del comercio exterior mexicano.
Una reducción cercana al 60 % en el gasto de servicios personales implica, en los hechos, una disminución sustancial en la plantilla técnica disponible.
Esta combinación de tendencias plantea un riesgo operativo concreto. Una reducción cercana al 60 % en el gasto de servicios personales implica, en los hechos, una disminución sustancial en la plantilla técnica disponible para instruir investigaciones, procesar información comercial compleja y cumplir con los plazos legales que rigen los procedimientos de dumping, subvenciones y salvaguardias. Con 60 procedimientos activos, 97 cuotas compensatorias vigentes que requieren monitoreo y revisiones periódicas, y una carga creciente proveniente de nuevos orígenes asiáticos, una menor capacidad instalada podría traducirse en retrasos procesales, mayor vulnerabilidad ante impugnaciones por debilidades técnicas y una menor capacidad de respuesta frente a fenómenos de elusión o triangulación. En el contexto de la revisión del T-MEC, este riesgo adquiere una dimensión adicional: una UPCI debilitada operativamente reduciría la capacidad de México para sostener una interlocución técnica creíble frente a sus socios comerciales, justo en un momento en que la solidez institucional de la autoridad investigadora resulta más relevante.
Una capacidad estratégica
Una política industrial moderna requiere instituciones capaces de acompañarla. Promover nuevas inversiones, fortalecer cadenas productivas y atraer capacidades manufactureras supone también disponer de mecanismos eficaces para responder cuando las condiciones de competencia se ven afectadas por prácticas desleales.
La defensa comercial constituye, en ese sentido, una capacidad estratégica. En un entorno de mayor competencia internacional, reconfiguración geopolítica y presión sobre las cadenas de suministro, preservar y fortalecer la capacidad técnica e institucional de la autoridad investigadora resulta relevante no solo para atender los procedimientos actuales, sino para que México pueda responder a los cambios que seguirá experimentando el comercio internacional.
La actividad desarrollada y la amplitud de las responsabilidades que hoy recaen en la UPCI muestran el valor que una institución especializada puede aportar a la planta productiva nacional. Mantener esa capacidad no es solo una cuestión administrativa: forma parte de las herramientas con las que México enfrenta un entorno comercial cada vez más complejo y protege las condiciones necesarias para competir en él.
María Sac-Nicté Castilla Craviotto
Senior Director, Alvarez & Marsal Tax México
María Sac-Nicté Castilla Craviotto es Senior Director en Alvarez & Marsal Tax México e integrante de la práctica de Global Trade. Cuenta con más de 20 años de experiencia en comercio internacional, remedios comerciales, investigaciones antidumping, derechos compensatorios, solución de controversias, negociaciones y política comercial.
Ha asesorado a empresas y representado al Gobierno de México en negociaciones y controversias internacionales, incluidos Paneles Binacionales del Capítulo 19 del TLCAN y procedimientos ante la Organización Mundial del Comercio. Además, fue designada por el Gobierno de México como panelista conforme al Capítulo 10 del T-MEC. En 2020, Foro Jurídico la reconoció como una de las «Abogadas Influyentes» de México.
Es licenciada en Derecho por la UNAM y ha impartido cátedra en esa institución, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Participa activamente en la ANADE, el Consejo Coordinador Empresarial y COPARMEX, y es coautora del manual de ANADE Obligaciones y Guía Práctica para las Empresas.