• Exclusión del sistema financiero: cuando el bloqueo total de operaciones bancarias se convierte en una forma de “muerte civil” sin juicio ni defensa.

Por Benjamín Orozco Manjarrez, Abogado en materia penal fiscal

Hace unos días recibí la llamada de un colega abogado que buscaba orientación urgente. Había sido incluido por la Unidad de Inteligencia Financiera en la lista de personas bloqueadas. Hasta ahí, el hecho ya era grave. Pero el contexto y las consecuencias del caso revelan un problema mucho más profundo y preocupante.

El abogado formó parte, años atrás, de un despacho en el que todos los integrantes contaban con poderes generales otorgados por sus clientes. La UIF decidió bloquear a todos los abogados de esa firma debido a que uno de los clientes podría estar vinculado con operaciones de lavado de dinero. No hubo distinción de funciones, responsabilidades ni participación concreta.

El abogado que me consultó nunca ejerció esos poderes generales. No tuvo intervención alguna en la gestión de los asuntos cuestionados. Aun así, fue incluido en el bloqueo.

Lo verdaderamente alarmante no fue solo la medida, sino su alcance. No se trató del congelamiento de cuentas específicas, sino de un bloqueo generalizado dirigido a todas las instituciones financieras. En la práctica, esto significa que la persona no puede operar con ningún banco, ni siquiera abrir una cuenta nueva.

Las consecuencias son devastadoras: no puede cobrar honorarios, no puede cumplir con sus obligaciones fiscales, no puede operar profesionalmente. Está, en los hechos, expulsado del sistema financiero.

“Quedar fuera del sistema financiero no es una sanción administrativa: es una forma de anulación personal y profesional.”

Este tipo de medidas colocan a la persona en una situación de indefensión absoluta. Las reformas recientes a diversas leyes en materia financiera y de prevención de lavado de dinero no contemplan límites claros para evitar este tipo de abusos por parte de la autoridad, ni mecanismos efectivos para distinguir responsabilidades individuales.

Desde una perspectiva jurídica y constitucional, el problema es aún más grave. La exclusión total del sistema financiero constituye, en mi opinión, una violación grave a los derechos humanos. Impide el ejercicio de derechos básicos vinculados al trabajo, al debido proceso y a la seguridad jurídica.

Paradójicamente, en otros contextos —particularmente al analizar la situación de grupos marginados— se ha reconocido que la exclusión del sistema financiero representa una violación a los derechos humanos. Cuando esta exclusión se aplica de manera indiscriminada a profesionales sin responsabilidad probada, el daño es igual o mayor.

“La exclusión financiera absoluta equivale a una muerte civil impuesta sin juicio ni defensa.”

El combate al lavado de dinero es una tarea indispensable del Estado. Pero cuando se ejecuta sin criterios de proporcionalidad, individualización y respeto a los derechos fundamentales, deja de ser una herramienta de justicia y se convierte en un mecanismo de castigo arbitrario.

La pregunta que queda abierta es inquietante: ¿cuántas personas más pueden quedar fuera del sistema financiero sin una resolución judicial, sin defensa previa y sin una vía clara para recuperar su vida económica? En un Estado de Derecho, esa debería ser una preocupación central.

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