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Inicia la consulta pública de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PNDHE)

por Redacción EDEN | Jun 26, 2026 | Novedades | 0 comentarios

La Secretaría de Economía del Gobierno de México, con apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dieron inicio hoy a la consulta pública de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PNDHE), un proceso abierto, participativo y de base amplia orientado a fortalecer el respeto de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial.

La PNDHE busca articular, en un marco de política pública coherente, el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y el acceso de las personas a mecanismos efectivos de reparación, conforme a los tres pilares de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. La debida diligencia en materia de derechos humanos (HRDD) y la conducta empresarial responsable (RBC) constituyen ejes transversales fundamentales para la implementación de esta política.

Asimismo, la propuesta da continuidad a las acciones impulsadas dentro del Plan México con una visión de bienestar social y prosperidad compartida, reconociendo que el desarrollo económico sostenible requiere también fortalecer condiciones estructurales que permitan una participación más equitativa en el mercado laboral, incorporando una visión de corresponsabilidad social que impulse entornos laborales más incluyentes, igualdad de oportunidades y condiciones que contribuyan a reducir brechas históricas vinculadas a las tareas de cuidados que recaen desproporcionadamente en las mujeres.

La consulta pública se desarrollará a través de cinco sesiones de trabajo, entre el 24 de junio y el 19 de agosto de 2026, en las instalaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de manera virtual. En ellas, personas trabajadoras y empleadoras, empresas, organizaciones sindicales y de empleadores, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, pueblos y comunidades indígenas, así como el público en general, podrán presentar observaciones y propuestas al documento de política.

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